- La actividad cinegética no está al alcance de todos. De hecho, el gasto medio por cazador ronda los 7.000 euros. El número de licencias ha disminuido en casi cuatro mil en los últimos seis años mientras los cazadores recuerdan su importancia para regular los ecosistemas.
28/09/2016
Cristina Fanjul | León
La equipación para ‘echarse al monte’ no está al alcance de todos los bolsillos, si bien los precios fluctúan en función de las marcas por las que se opte. Según aseguran los cazadores, el ‘uniforme’ no debería estar por encima de los 700 euros. Además, hay que añadir el perro si de lo que se trata es de caza menor, lo que supone alrededor de 2.000 euros al año entre comida y veterinario. El coste del coto depende de la extensión del mismo y de la cantidad de caza y de especies que tenga. Hay cotos de 2.000 euros al año y cotos de 35.000 euros al año. Además, el cazador debe armarse de paciencia para lograr la documentación concedida por la administración: permiso de armas (Guardia Civil), seguro de responsabilidad civil, guía o documento de escopetas y de rifles, y licencia de caza de cada comunidad autónoma.
Otro de los capítulos es el de los precios de caza, que varía según la comunidad. Así, un corzo en Guadalajara puede rondar los 1.200 euros, cantidad que se justifica por su cercanía a Madrid y que en León disminuye casi a la mitad.
En cuanto al armamento, los cazadores explican que hay rifles por 600 euros y por 60.000. «Depende de la marca y del trabajo que lleve la madera y el metal», precisan. No obstante, un Sauer alemán ronda lo 2.000 euros. Lo mismo ocurre con las escopetas (para caza menor). Las hay por 300 euros y las hay por 30.000, dependiendo de la marca y del trabajo que lleve. «Hay escopetas muy buenas de marca por 1.800 euros. Las marcas españolas son de muy buena calidad», aseguran.
El número de cazadores con licencia en la provincia, según los datos aportados por la Junta de Castilla y León, ha disminuido de manera sobresaliente. Si en el 2010 había 16.173, el año pasado tan sólo se concedieron 12.220, un descenso acusado en una comunidad que, según destaca Santiago Iturmendi, presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, ha duplicado los aprovechamientos de caza. «Hay el doble de cacerías y, sin embargo, estamos cazando menos», sostiene. Iturmendi explica que hay dos parámetros que lo explican: el incremento de accidentes de tráfico provocados por animales y los daños al cultivo. «De día en día aumentan los perjuicios en agricultura y las invasiones a cascos urbanos», asegura.
No obstante, Santiago Iturmendi precisa que en la actualidad se ofrece la posibilidad de que los gestores de coto doblen los aprovechamientos de corzos y ciervos. La cantidad de animales que se puede cazar lo establece un Plan de Ordenación Cinegético que en cada coto realiza un técnico experto y se realiza por un periodo de cinco años. La Junta, por lo general, aprueba este plan. «No podemos perder de vista que la actividad cinegética es un elemento regulador de los ecosistemas», defiende, al tiempo que destaca que la caza siempre debe estar de acuerdo con las poblaciones y es prioritario desarrollar esa idea fundamental. «Una ley básica sería muy beneficiosa. Eso sí, sin olvidar las peculiaridades de España», destaca.
Santiago Iturmendi considera que la administración debería trabajar en favorecer una imagen más positiva de la caza que, en su opinión, «es absolutamente necesaria». «La única alternativa es lo que los conservacionistas llaman control poblacional», recalca. El presidente de los cazadores de la comunidad explica además que la caza genera unos ingresos importantes en las zonas rurales y advierte de que el ahorro para las arcas públicas es ingente. «La alternativa que venden estos grupos supondría que cada español pagara 700 euros al año en impuestos».
Otra de las cuestiones que los cazadores entienden necesaria es la aprobación de una licencia nacional, un permiso único que haga de la caza una actividad más «racional y coherente». «Los animales no entienden de fronteras. El corzo no sabe si está en León o en Asturias».
Santiago Iturmendi defiende la necesidad de concienciarse de la obligación de cuidar el patrimonio animal y reivindica una mejora de la legislación sobre seguridad vial aprobada hace dos años en lo referente a la protección de especies. «En Europa las carreteras están limpias de vegetación y cultivos para que disminuyan los accidentes. Además, debería ponerse en marcha una política seria de señalización de los puntos negros por siniestros con animales con medidas como la limitación de velocidad, por ejemplo».
Incidencias
Castilla y León, junto a Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía, Navarra y Aragón, es una de las comunidades autónomas con mayor número de incidencias e irregularidades que afectan negativamente a las especies cinegéticas durante la temporada de caza en media veda. Según denunció ayer Ecologistas en Acción, estas prácticas, a veces fraudulentas y otras veces delictivas, están extendidas por todo el Estado, pero se concentran más en estas regiones que acaparan buena parte de la actividad cinegética en torno a la caza de la tórtola europea o común, la codorniz y la paloma torcaz, que son las especies objetivo de la media veda.
Entre las situaciones detectadas por Ecologistas en Acción, algunas de las más graves son los disparos a especies protegidas, hasta el punto de que por esta causa se produce un incremento de entradas en los centros de recuperación y, en concreto, la organización ha resaltado que en 2016 ha sido llamativa la entrada de rapaces heridas en los centros de recuperación. Entre las especies afectadas por los disparos se encuentran, sobre todo, rapaces medianas y pequeñas.
