Ciudad Real/Albacete, 8 de marzo.-
La Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha mostrado hoy su malestar por la aplicación de la Ley de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha a los cotos sociales de la región que han visto incrementado sorprendentemente el precio que pagaban por las matrículas de los acotados, en algunos casos, hasta en un 700%.
El presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Juan de Dios García, ha señalado que en los últimos días los cotos sociales de la región han comenzado a recibir las correspondientes liquidaciones en concepto de renovación de la matrícula que les permite seguir realizando su actividad, con la sorpresa de que incluyen un aumento de las tasas que venían pagando.
García ha indicado que a raíz de la decisión de la Consejería de Hacienda de ejecutar la nueva ley de tasas, se está produciendo un gran descontento y malestar en el seno de las sociedades de cazadores de la región donde la decisión ha causado una importante alarma social y la indignación de muchos presidentes y cazadores.
Estos consideran “injusto este aumento de tasas para esta sociedades, consideradas clubes deportivos, que tiene que soportar además de estos pagos fuertes indemnizaciones y problemas derivados de los accidentes en carretera y de los daños en las cosechas causados por fauna cinegética”.
La Federación de Caza de Castilla-La Mancha, ante esta circunstancia, ha remitido una carta al Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, manifestándole su preocupación por esta situación.
El representante de los cazadores ha recordado que las sociedades de cazadores no realizan actividad comercial alguna y se surten de sus propios recursos para poder subsistir.
El aumento considerable de las matrículas de sus cotos puede provocar la asfixia económica de estas entidades, que mantienen con notable esfuerzo una actividad puramente deportiva, recreativa o de ocio de sus asociados.Por este motivo, la Federación de Caza, dentro del espíritu de colaboración que mantiene con el Gobierno regional, considera conveniente hacer una nueva propuesta en concepto de estas tasas para el año 2016-2017, fundamentada también en la experiencia de otras comunidades autónomas.
En este sentido, ha indicado García que “en el caso de Extremadura o Andalucía, con notable acierto, se diferencian entre terrenos cinegéticos en los que se realiza una actividad sin ánimo de lucro o sociales y los terrenos dedicados a la explotación cinegética”.
Así por ejemplo, Extremadura recoge unas tasas de gravamen reducidos para cotos locales de sociedades deportivas federadas, algo similar a lo que se realiza en la comunidad andaluza.
En este sentido, consideran que podría ser “adecuado y ajustado a la economía real de los cotos de las sociedades federadas de caza, unas tasas sin ánimo de lucro de 0,10 €/hectárea para cotos con una sola actividad (mayor o menor) y de 0,20 €/hectárea para cotos con las dos actividades, indistintamente”.
Otra alternativa sería la aplicación de la disposición final segunda de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, mediante la cual se modifica la Ley 9/2012 de
Tasas y Precios Públicos de Castilla la Mancha, en la que se contempla para las sociedades de cazadores bonificaciones del 50% en función de su superficie.
Juan de Dios García ha señalado que espera que la propuesta de la Federación pueda ser considerada por el Gobierno regional, puesto que así “se haría un bien social al colectivo”, más si se tiene en cuenta que esta medida solamente afectaría a unos 500 cotos de caza de los 7.000 que existentes en la región.
Con ello, ha indicado, se favorecería a un colectivo con poder adquisitivo modesto y que tiene en estas sociedades “un espacio social donde desarrollar su actividad cinegética”.
Además, ha terminado recordando que los 15.000 cazadores federados que forman parte de las sociedades de cazadores realizan “una impagable labor de mantenimiento de las especies silvestres y proporcionando jornadas de caza social a personas de rentas modestas”.
Las sociedades de cazadores, ha asegurado, son absolutamente necesarias en el control de daños en la agricultura, en el mantenimiento de puestos de trabajo y la conservación de ecosistemas y especies, además de para la vigilancia de los campos.