Según los últimos datos facilitados por el SEPRONA, en 2019 robaron 328 perros de caza, de los que 175 fueron galgos que explotados por grupos y mafias que, posteriormente, maltratan o abandonan a estos animales, algo que el sector cinegético ha denunciado en numerosas ocasiones y que el proyecto de ley ha obviado.

De hecho, la entidad se cuestiona también por qué se ha dejado de facilitar el número de perros robados en nuestro país, algo que podría entenderse con la intención de que el problema pase desapercibido, ya que colocaría a estos grupos delincuentes como responsables de estos comportamientos atroces, lo que choca con los mensajes de determinados sectores que pretenden criminalizar a los cazadores.

Fundación Artemisan lamenta que el Ministerio de Derechos Sociales haya desaprovechado la oportunidad de perseguir en el nuevo proyecto una práctica que cada año causa importantes pérdidas económicas y emocionales a numerosos cazadores y propietarios, y que es una fuente real de maltrato y abandono.

El sector cinegético es el primer defensor de los derechos de los animales. 

La entidad recuerda que el sector cinegético es el primer defensor del bienestar animal, y de hecho ha estado implicado de manera directa en la elaboración de distintos proyectos legislativos autonómicos en este sentido, por lo que insta al Gobierno a poner freno a esta ley y a iniciar un nuevo proyecto que dé una respuesta real a problemas reales.

En este sentido, la entidad pide que, si la ley vuelve a su punto de inicio una vez comprobada la evidente falta de consenso, rigor científico y técnico y diálogo del actual proyecto, se inicie un nuevo proyecto en el que tengan voz todos los sectores y se incorporen cuestiones tan importantes como los robos de perros.

Fuente: Federación Andaluza de Caza