En concreto, la reunión tuvo lugar el pasado martes en Sevilla, donde el secretario general de la FAC, Enrique Quintana, y el coordinador-jefe de los Servicios Jurídicos federativos, Francisco Pérez, trasladaron a Antonio Sanz, delegado del Gobierno en Andalucía, el grave perjuicio que se está provocando a los cazadores andaluces, a los que sistemáticamente se les revoca la licencia de armas o se les deniega su renovación por sanciones administrativas, e incluso por la simple constancia de alguna denuncia aún sin sanción administrativa firme.

Ante esta situación,  y dada la clara disposición mostrada por la Delegación del Gobierno a encontrar una solución satisfactoria, se acordó la creación de una comisión conjunta formada por técnicos de ambos organismos que analizarán el problema y determinarán las medidas más adecuadas para resolverlo, que en todo caso pasarán por revisar y depurar los protocolos de actuación en estos casos.

«El compromiso de la Federación es trabajar sin solución de continuidad y al máximo nivel hasta que este problema, que tanto preocupa y perjudica a los cazadores de a pie, pueda solucionarse satisfactoriamente» señalaba el secretario general de la FAC al término de la reunión.