EUROPA PRESS .BURGOS| 21/10/2016
Efectivos del Seprona de la Guardia Civil y agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León investigan a dos cazadores como presuntos autores de un delito de falsificación de documento público, en relación a los permisos necesarios para ejercer legalmente la caza del corzo (Capreolus capreolus).
Durante el pasado mes de septiembre, ambos cazadores de 34 y 58 años de edad, fueron sorprendidos en dos ocasiones por agentes medioambientales en el ejercicio de la caza, según informaron a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Burgos.
Los identificados, portaban precintos para la caza del corzo en el terreno cinegético en el que se encontraban, ubicado en la comarca Odra-Pisuerga, en la provincia de Burgos, si bien carecían de la autorización por escrito del titular del coto para poder ejercer la caza, por lo que fueron conminados a que presentaran dicho permiso a la mayor brevedad.
En días posteriores presentaron ciertas acreditaciones que levantaron las sospechas sobre su autenticidad, por lo que conjuntamente ambas instituciones iniciaron una investigación que permitió comprobar que los documentos presentados eran falsos y que la firma que figuraba en ellos no se correspondía con la de su verdadero titular.
Agentes del Seprona se desplazaron hasta el acotado de caza para localizar a los presuntos infractores y notificarles que quedaban inmersos en diligencias policiales como investigados, momento en que percibieron su vehículo en circulación dentro del coto.
El vehículo se detuvo y el conductor provisto de un rifle realizó un disparo desde el interior del todo terreno, acción que percibieron los guardias civiles escuchando la detonación.
El vehículo fue interceptado e identificado su conductor, al que se le intervino en el interior del habitáculo un rifle de caza debidamente documentado, si bien municionado y dispuesto para disparar, ya que portaba un cartucho en la recámara.
Conductor y acompañante han sido investigados como presuntos autores de un delito de falsificación de documentos y, adicionalmente, la infracción observada por incumplimiento a la Ley de Caza de Castilla y León ha sido puesta en conocimiento de la Administración correspondiente.