5 de mayo de 2015.

La Real Federación Española de Caza (RFEC) se ha visto obligada a tomar tristes y repugnantes medidas para mantener la viabilidad de la entidad a consecuencia del asfixiante ahogamiento económico al que lleva sometida más de dos años y medio por parte de algunas federaciones autonómicas denominadas, a sí mismas, F8.

Durante este periodo, el F8 ha dejado de abonar la cuota correspondiente a la RFEC y que sólo en el año 2013 asciende a un total de 961.550,90 Euros.

La RFEC ha presentado demanda ante la justicia exigiendo el pago a cada una de estas federaciones por las siguientes cantidades: Andalucía, 375.815,70€; Aragón, 115.162,60€; Castilla y León; 69.758,90€; Cataluña, 171.011,10€; Extremadura, 66.458,70€; Galicia,77.920,30€; Navarra, 18.774€ y Castilla La Mancha, 66.650€. Sin embargo, lo más grave de esta situación es que este grupo federativo no reconoce el descubierto y pretende estar integrado en la RFEC, únicamente habilitando las licencias de sus competidores y teniendo el mismo número de representantes en la Asamblea que tenían antes de contraer la deuda.

Ahora, este grupo que presume del semejante disparate de decir que son más de 500.000 miembros, tiene la deleznable y repugnante desfachatez de anunciar en algunos de sus medios de comunicación que el único responsable de  la reducción de la plantilla de la RFEC es el conflicto entre el presidente de la Federación y el F8, cuando ha quedado más que demostrado que los verdaderos responsables de esta situación son ellos. No les tembló el pulso, hace dos años, en Mutuasport cuando despidieron a varios trabajadores con más de 30 años de experiencia en la compañía, y ahora no han levantado la ceja a la hora de asfixiar a la RFEC.

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